Cuando los grupos criminales pueden, con absoluta
impunidad, extorsionar a quienes se les antoja, asesinar a cualquier persona, lanzar
a las vías públicas bolsas con cadáveres decapitados y desmembrados, crear sus
propios cementerios, imponer autogobiernos en las prisiones, enviar órdenes a
los de “afuera” desde las misma prisiones, es porque estamos ante un gobierno
fallido.
Podemos adivinar que van a defenderse diciendo que esto
no es nuevo y que es por culpa de veinte años y bla, bla, bla.
Es cierto, esto no es nuevo, pero nunca había ocurrido
en la cantidad y con la impunidad que ahora ocurre. Es más, cuando los responsables de la
seguridad ciudadana fueron oposición, fueron agudos críticos de las políticas
de los gobiernos de entonces y afirmaban que ellos podían resolver el problema.
La ciudadanía les confió la responsabilidad, y el problema, en lugar de
comenzar a resolverse, ha empeorado y cada vez es peor.
Los saldos desastrosos en términos de seguridad de la
administración de Mauricio Funes y el fmln han llevado a que la inversión, que
es la que origina riqueza y puestos de trabajo, les pierda la confianza, que una
porción significativa de la población comience a negarles el voto, que se les
esté pidiendo “resultados inmediatos”.
Durante la elección del actual gobierno era un secreto a
voces que se negoció con las pandillas callejeras para que les dieran el voto y
que, por medio de extorsiones, se obligara a una porción de la población a
votar por ellos. El fmln ganó, por poco, pero ganó, y lo primero que hizo este
gobierno fue disminuir la seguridad de los líderes de las pandillas. Lo que
tuvo que revocar debido a la presión social.
A dos semanas de instalado el actual gobierno, las
pandillas hicieron un llamado para una nueva negociación, se frustró por la
presión social. En el año 2010, un sacerdote salió en un video enviado a los
medios de comunicación, acompañado por pandilleros encapuchados, pidiendo
nuevamente negociar. Tampoco ocurrió. La respuesta de las pandillas fue crear
una serie de rumores que hizo que padres de familia no enviaran a sus hijos a
estudiar y que cerraran temprano por la tarde centros comerciales.
Luego vino el cambio de las autoridades de seguridad
pública, y vino la promesa de disminuir los homicidios en un 30% a noviembre de
2012, la respuesta de las pandillas fue aumentar el número de homicidios en un
17%, así como las extorsiones. La imagen del Gobierno, del Presidente, del fmln
y del Ministro estaba cuesta abajo.
Según un medio de comunicación, utilizando las
elecciones del 11 de marzo, que tenía distraída a la población, el gobierno
esta vez si negoció con las maras. La supuesta idea era disminuir los delitos
más mediáticos un tiempo a cambio de disminuir los niveles de seguridad de los
líderes de las pandillas encarcelados. Para continuar con la “cortina de humo”,
también se le dio este beneficio a otro tipo de delincuentes como al “violador
de Merliot” y a un ex funcionario corrupto. El gobierno respondía así a su
promesa. Las pandillas respondían más evidentemente, el 12 de marzo, los homicidios bajaron de 17
a 18 diarios a solo 2, y así se ha mantenido. El único problema de todo lo
anterior es que hubo una fuga a un medio de comunicación y se ha hecho público.
El Gobierno, el Presidente, el fmln y el ministro no han obtenido lo que
deseaban, aumentar su popularidad preparándose para las elecciones de 2014,
sino lo contrario, están en la mira de la sociedad al convertirse en un gobierno
que negocia con delincuentes.
Lo único que demostró el Gobierno es que ha abdicado y
le entrega el país a las pandillas callejeras. Ha demostrado también un secreto
a voces, la descomposición de la policía y de los penales; que el
enfrentamiento entre maras, que era la excusa del aumento de los asesinatos no era
tan importante y que pueden ponerse de acuerdo… y el hartazgo de una sociedad
que quiere resultados y los quiere ya.
Además de los problemas de seguridad pública, la
población de El Salvador está siendo atacada por otro problema, malos servicios
públicos que además son caros, aumento del costo de la vida, disminución de su
poder adquisitivo, etc.
Todo lo anterior no demuestra un Estado fallido, pero se
está poniendo en evidencia un gobierno fallido.
La actual clase gobernante no sabe, o hace como que si
no sabe, quizá por razones ideológicas, que la función fundamental y
fundacional del Estado como forma de gobierno es la seguridad pública por el
bien de todos y cada uno.
Mientras no ocurra otra cosa, en El Salvador lo que
existe es una democracia representativa, manda la mayoría por medio de la
representación que se otorga a los gobernantes para que velen por el bien y la
seguridad de todos o, cuando menos, de la mayoría. Si los gobernantes fallan no
hay un estado fallido. Hay, en todo caso, un gobierno, unos gobernantes
fallidos. Que no saben cómo cumplir con sus obligaciones o, lo que es peor, que
desconocen sus obligaciones.
Hoy resulta que este Gobierno, antepone intereses
ideológicos a la seguridad de las personas, que este Gobierno trata de utilizar
la seguridad pública no para el bien de todos, sino para el de unos pocos, unos
para no ser considerados un fracaso y otros porque tienen aspiraciones
políticas. Hoy resulta que como una acción de relaciones públicas, el gobierno
negocia con las pandillas para disminuir los crímenes mediáticos y hacer creer
a la población que es una mara-villa. Hoy resulta que se negocia con las maras
para que una persona crezca en sus aspiraciones presidenciales.
No señor. Si sabemos que en el país hay un problema de
seguridad pública, no es negociando con los delincuentes que se va a resolver,
lo que tienen que hacer los funcionarios es que limpien a nuestra patria, que
se desarrollen planes para controlar a los delincuentes actuales y se creen
planes para evitar delincuencia en el futuro, Y si no pueden, ¡que renuncien!,
¡pero que renuncien todos!
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