El término “Estado fallido” ha sido usado para explicar fenómenos como la ineficacia e ineficiencia gubernamental, los vacíos de poder, la violencia o la falta de resultados en el sistema político. El término está rodeado de mitos y habrá que dejarlo claro.
El concepto “Estado fallido” significa el fallo del Estado para asegurar su función principal, es en el concepto clásico de Max Weber, que es mantener el monopolio legítimo de la violencia política. Noam Chomsky, por su parte, ofreció otro concepto de Estado fallido al agregar al aspecto monopolio de la violencia, el aspecto de fallo de la obtención de los objetivos del Estado.
Particularmente puedo conceptualizar un Estado fallido como aquel que ha perdido total o parcialmente el control de su territorio; que ha perdido el monopolio del uso de la fuerza para brindar seguridad y defensa nacional; que es incapaz de ofrecer servicios básicos; que no puede garantizar los derechos mínimos y potencia la corrupción política; que está imposibilitado para de identificar amenazas a los Objetivos Permanentes y Temporales de la nación y que ha perdido la capacidad de ser un interlocutor coherente con la comunidad internacional. La consecuencia es que el Estado se convierte en una fuente de inseguridad nacional e internacional y se ve imposibilitado para alcanzar el desarrollo humano integral.
Por la definición anteriormente descrita podemos decir que en los últimos años El Salvador se ha acercado cada vez más ser un Estado Fallido, pero aún no llega a cumplir totalmente los requisitos para darle esta categoría, definitivamente podemos identificar en El Salvador la incapacidad del gobierno principalmente en su Órgano Ejecutivo, seguido por el Órgano Legislativo y finalmente el Órgano Judicial. Vemos por un lado incapacidad de proteger a la población, de garantizar los derechos y servicios mínimos; también vemos que se legisla para que los derechos y servicios de la población se brinden solo si el Estado tiene la capacidad, se legisla en función de las falencias del Estado y no del intereses de las personas, finalmente, también hay fallas en la impartición de justicia.
En consecuencia, no estamos en un Estado fallido, pero nos acercamos, lo que si tenemos es un gobierno débil, sea esta por omisión o por incapacidad. Pero decir que El Salvador no ha alcanzado la categoría de fallido no es decir que el problema es menor, todo lo contrario, es decir que algo en los cimientos del Estado ha dejado de funcionar por situaciones ideológicas, por la corrupción, por la impunidad, por la pérdida de confianza institucional, lo que ha llevado a un desgaste en la legitimidad de las autoridades.
Un ejemplo de lo anterior es cuando políticos votan para disminuir el presupuesto de un ya ineficaz e ineficiente Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, pero estimulamos la autodefensa de las comunidades armando a la gente, algo como “Yo no puedo defenderte, defiéndete tu solo”.
Otro ejemplo es cuando ciertos políticos confunden la gobernanza como un apoyo condicionado al sector en el Poder, importando únicamente las condiciones y no quién esté en el Poder. Esto ha debilitado la política, gobernanza es la relación de entendimiento entre los gobernados y gobernantes.
No estamos ante un estado fallido, estamos ante un gobierno débil que en consecuencia debilita al Estado.
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